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Derecho Procesal 8 de mayo de 2010
La Prueba de Oficio

CONCEPTO: La práctica de pruebas de manera oficiosa es una facultad ampliamente prevista en el Código Judicial, tanto para los procesos civiles como para los procesos penales.

“La prueba de oficio constituye una herramienta auxiliar del juzgador, instituida por el derecho procesal moderno, para practicar aquellas diligencias que considere necesarias, por motivaciones de orden público, para el mejor esclarecimiento de los hechos, antes de resolver un asunto sometido a su conocimiento.”

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que la prueba de oficio “se ha considerado invariablemente que ese es un instrumento procesal valioso con el que cuentan los Jueces en la búsqueda de la llamada verdad material, la que, a su vez, debe orientar las decisiones finales que desaten los litigios sometidos a su consideración, atenuando pues el principio dispositivo que rige en su mayor parte las fases probatorias de los procesos, mas no reemplazándolo ni supliéndolo cuando el mismo resulta desatendido por los que integran la relación jurídico-procesal en cada caso”.

En ese sentido, sirve la prueba oficiosa como un mecanismo procesal sumamente útil al Tribunal de cada causa, sobretodo las contenciosas, para alcanzar la realización efectiva de los fines para los cuales ha sido instituido.

Sin embargo, tal iniciativa probatoria en su ejercicio no puede conllevar alguna extralimitación del Juzgador o que, dicho de otra forma, se pretenda ejercer sobrepasando los parámetros sobre los cuales la Ley enmarca dicha potestad y este exceso provoque afectación de derechos fundamentales, esto es, por ejemplo, ordenando la práctica o recepción de probanzas que correspondían realmente aportar o instar en su evacuación a las partes, o que se disponga su evacuación de modo tal que se amplíe, restrinja o mediatice el alcance que debe tener la misma. En ese sentido, cabe atacar la orden de pruebas de oficio por la vía del amparo de garantías constitucionales.

Nuestra máxima Corporación de Justicia ha sido constante en sus planteamientos jurisprudenciales en el sentido que las resoluciones por medio de las cuales se ejercen tales prerrogativas, en principio, no son susceptibles de ser recurridas por la vía de la acción de amparo. Ahora bien, cuando estas últimas situaciones son las que tienen lugar, entonces sí cabe recurrir a la vía del amparo para restituir las garantías fundamentales que el ejercicio abusivo o arbitrario de la potestad jurisdiccional que se comenta las vulnera.

Y esta idea ha sido igualmente planteada por el Pleno al considerar que los autos para mejor proveer dictados al amparo de esa prerrogativa probatoria oficiosa no escapan del ámbito de aplicación del remedio procesal cuando lesionan las garantías o derechos que constitucionalmente se consagran en beneficio de los particulares.

Así, en Fallo de 10 de agosto de 1995, este Pleno, no obstante confirmar una resolución apelada en la que se inadmitió un amparo contra un auto que ordenó pruebas de oficio, enunció la siguiente consideración:

"el artículo 782 del Código Judicial le confiere al juzgador facultades para ordenar, bien en el período probatorio y hasta antes de expedir el fallo correspondiente, la práctica de pruebas que le permitan verificar con mayor precisión las afirmaciones de las partes aclarar puntos oscuros. Cabe anotar que el Tribunal de Amparo no excluye del beneficio de esta acción a las órdenes judiciales de práctica de pruebas que desborden o excedan la finalidad de las facultades conferidas al juzgador en el artículo 782 mencionado, cuando estas sean lesivas de los derechos y garantías que la constitución consagra en beneficio de los ciudadanos."
(Subraya y enfatiza la Corte)

Arribado este punto, conviene recalcar lo que, en numerosos pronunciamientos anteriores ha sostenido esta Corte Suprema de Justicia respecto de que "la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión, de los derechos de cualquiera de las partes".

De manera que, no es cualquier defecto, irregularidad o vicio incurrido en la tramitación de un negocio el que produce la vulneración del principio del debido proceso, sino que debe alcanzar tal gravedad que efectivamente rompa el equilibrio o equivalencia de oportunidades para con las partes, o que, simplemente, impida la plenitud de la debida bilateralidad y el contradictorio que ha de regir a lo largo del devenir procesal, especialmente en la realización del derecho de defensa en materia probatoria.

El derecho a un debido proceso en toda actuación procedimental, instituido en el invocado artículo 32 de nuestra Carta Fundamental constituye una garantía constitucional, cuyo contenido lo integran una gama de derechos procesales necesarios para el ejercicio efectivo de una defensa judicial adecuada, incluyendo, claro está, como uno de sus elementos esenciales el derecho a la prueba, que no se restringe a la sola posibilidad de aducir o presentar propiamente las probanzas que den soporte a las pretensiones discutidas en juicio, sino además, y fundamentalmente, a la regularidad en la práctica de las pruebas válidamente decretadas, así como a la participación de las partes en su práctica.

El Doctor ARTURO HOYOS, entre otros aspectos de la garantía del debido proceso, describe lo siguiente:

"5. El derecho de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez. Este es un elemento esencial en la garantía constitucional que estudiamos ya que, en última instancia, la posibilidad de las personas de defender sus derechos en un proceso descansa sobre la posibilidad de aportar pruebas al proceso y de contradecir las que la otra parte aduzca. En este sentido la posibilidad de concurrir a la audiencia donde se practican las pruebas, de examinar documentos y de objetarlos, de repreguntar a los testigos aducidos por la contraparte, al igual que a los peritos que se presenten en el proceso, integran parte de este derecho a la prueba que a su vez se inserta dentro de la garantía constitucional del debido proceso".

En resumen, sea que las probanzas provengan de la iniciativa probatoria que las partes en conflicto tengan a bien ejercitar, o que las mismas hayan sido receptadas en los autos a instancias del propio Tribunal de la causa, oficiosamente, lo cierto es que en ambos casos los elementos de convicción así recibidos deben atravesar por un procedimiento previo en el que las partes hayan tenido oportunidad de participación, ejerciendo el derecho a la contradicción.

OBJETO DE LA PRUEBA DE OFICIO: La doctrina señala que el objeto de la prueba son los hechos, sin embargo, no existe un criterio uniforme debido a que se plantea que “el objeto de la prueba en abstracto, se refiere la doctrina en una teoría clásica, son lo hechos, una teoría ecléctica para la cual el objeto de la prueba son los hechos y las afirmaciones y por último, a una según la cual el objeto de la prueba son simplemente las afirmaciones.”

En cuanto a las pruebas de oficio, debe señalarse que la prueba que aporte el juez en el caso que se ventila ante su despacho, va dar por demostrado un determinado hecho que ha sido alegado por determinada parte inclinando la balanza para quien en realidad posee el derecho.

Sin embargo, este tipo de prueba oficiosa para una parte de la doctrina puede atentar contra principios como los de imparcialidad, neutralidad e independencia que debe tener el administrador de justicia.

En ese sentido, si el juez aporta una prueba para demostrar un hecho alegado por una de las partes, realizando con ello un relevo en el deber de probar los hechos alegados a una de las partes, estará incumpliendo con su deber de administrar justicia de forma imparcial. Pero, si el juez aporta una prueba al proceso con el fin de comprobar una prueba que determinada parte aportó al proceso, debido a su oscuridad o porque es incompleta, cambia el panorama y por ende, no se estará violentando la imparcialidad y neutralidad que debe caracterizar a todo administrador de justicia, pues su actividad no esta viciada y solo busca tener una plena certeza en cuanto a la comprobación de los hechos para motivar la sentencia que ha de emitir.

FIN DE LA PRUEBA DE OFICIO: El fin de la prueba de oficio no es más que otorgarle a el administrador de justicia una certeza sobre los puntos controvertidos y no probados de manera clara y por consiguiente, la prueba que el aporte va en dirección a esclarecer sus dudas.

Obviamente tiene el mismo fin la prueba otorgada por la parte y la aportada por el juez, debido a que la primera busca dar certeza al juez y la segunda también solamente que en términos distintos. Esto es así, porque para no cometer un error sobre la decisión en un caso donde los hechos probados no han otorgado luz al juez, entonces este busca sus propias pruebas para obtenerla sin incurrir el ejercicio abusivo o arbitrario de esta potestad jurisdiccional.

PODERES DEL JUEZ EN EL PROCESO: En un Estado moderno es del interés público hacer Justicia y el único medio éticamente aceptable para ese objetivo es el descubrimiento de la verdad. Por tal razón, el juez como órgano del Estado, cuenta con suficientes poderes jurisdiccionales de orden público y se halla autorizado para realizar de oficio una amplia averiguación de la verdad del proceso en miras a un interés superior de justicia, sin atender si suple o no la inactividad voluntaria o involuntaria de las partes .

El juez, dentro del proceso, se valdrá de todas las medidas de prueba que a su juicio sean razonables formar la convicción necesaria, suficiente y motivada respecto a la verdad jurídica objetiva buscando que no medie agravio para el derecho de defensa. En caso contrario, el no acceder (por la suyas) a la llamada y difícil de encontrar verdad jurídica objetiva, dictará una sentencia formal, aparente, inadecuada, que no se conjuga con el sentido justicia.

En ese sentido, el Código Judicial de señala lo siguiente:

Artículo 199. Son deberes en general de los magistrados y jueces:
12. Hacer uso de las facultades que la ley le otorga en materia de pruebas, siempre que esto sea conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y decidir de acuerdo con el derecho; ( El resaltado es nuestro)

Artículo 447. Todos los funcionarios y empleados del Órgano Judicial y los del Ministerio Público, cada uno según la naturaleza de las funciones de que esté investido, están obligados a observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial, sin perjuicio de las demás que resulten de disposiciones expresas de este Código:

21. Los asuntos judiciales deben ser conducidos con dignidad y decoro, que reflejen la importancia de la función atribuida al juez, quien debe ser un investigador de la verdad, para reconocerles a los litigantes el derecho que les asista; (El resaltado es nuestro)

La función del juez en el proceso, debe ser la de director o conductor del proceso, alejado del juez dictador, así como también del juez espectador que, con una actitud pasiva, se limita a dictar un pronunciamiento pensando únicamente en la aplicación que estime correcta de la ley, pero alejándose de la realidad. Por consiguiente, el juez deben hacer uso adecuado de los deberes que la ley les confiere, a fin de verificar los hechos que las partes señalan y así lograr una certeza más que la búsqueda de la verdad material, incluso en forma oficiosa.

Por lo tanto, el deber del juez es dictar una sentencia justa, o lo más justa posible y para ello, debe utilizar todos los medios que el proceso judicial le brinda; las partes tienen la carga de aportar las pruebas, pero si el juez no está convencido de cómo ocurrieron los hechos controvertidos, el ordenamiento procesal le otorga una serie de instrumentos para formarse una convicción de los hechos litigiosos independiente de la voluntad de las partes y pueda cumplir -obviamente asegurando el pleno control bilateral- con ese deber fundamental. Si no lo usa no podrá dictar una sentencia justa . Al respecto nuestro Código Judicial señala en su artículo 793 lo siguiente:

Artículo 793. Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el juez de primera instancia debe ordenar, en el expediente principal y en cualquier incidencia que surja, en el período probatorio o en el momento de fallar, la práctica de todas aquéllas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y el de segunda practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.

La resolución que se dicte es irrecurrible y si se tratare de la declaración de testigos en ella expresará el juez las razones por las cuales tuvo conocimiento de la posibilidad de dicho testimonio.

La respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes para que concurran a la diligencia si así lo estiman conveniente.

Los gastos que implique la práctica de estas pruebas serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

El juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente.

Como se observa, se entiende que el Juez o Tribunal puede disponer o proveer al proceso la evacuación de una prueba que ha estimado necesaria para llegar al fondo del asunto debatido, siempre que su ejercicio no conlleve alguna extralimitación del Juzgador sobrepasando lo que enmarca la Ley en cuanto al uso de esta facultad.

Comprendiéndose que el proceso no es un juego, en el cual el juez debe permanecer inactivo presenciando como la parte más habilidosa obtiene mejores resultados basada en una supuesta existencia de igualdad. En este proceso no se logra que triunfe quien tiene la razón, sino la que posea una mayor inteligencia o habilidad.

FUNDAMENTO Y CRÍTICAS DE LA PRUEBA DE OFICIO: Las pruebas de oficio, como una de las facultades del juez se fundamentan en que la recta administración de justicia, la cual debe aspirar al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva.

Sin embargo, sobre la base de los argumentos de aquellos opositores a esta facultad de los jueces, quieren y pretenden un juez inactivo, que dictará la sentencia limitado a las pruebas que las partes aporten, pues de lo contrario, según este criterio, el juez no sería imparcial.

No obstante, pese a la vigencia estricta del principio dispositivo en la que se requiere que se confiase exclusivamente a la iniciativa de las partes, la posibilidad de suministrar la prueba indispensable para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos; sin embargo, la generalidad de las leyes procesales, inclusive las más firmemente adheridas a dicho principio, admiten, en mayor o menor medida, que el material probatorio incorporado al proceso por los litigantes sea complementado o integrado por propia iniciativa del órgano judicial .

El Diccionario jurídico Abeledo-Perrot, al definir las medidas para mejor proveer señala: "La vigencia estricta del principio dispositivo requeriría no solamente que la iniciativa del proceso y la aportación de los hechos dependiesen de la voluntad de las partes sino que, además, se confiase exclusivamente a éstas la actividad consistente en ofrecer y producir las pruebas tendientes a la demostración de sus afirmaciones. Pero en razón de que esta última limitación es susceptible de impedir, en ciertos casos, el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva que, pese a las restricciones propias de la prueba civil, constituye la meta a que debe aspirar una recta administración de justicia, las leyes procesales admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba que incumbe a las partes, la facultad de los jueces en el sentido de complementar, por propia iniciativa, el material probatorio aportado por aquéllas. Tal facultad se concreta en la posibilidad de adoptar las denominadas medidas para mejor proveer.

Ahora bien, este tema es ha llevado a una división de criterios por el hecho de que si debe el Juez o no ordenar de oficio que se rindan las pruebas cuando, según su criterio, no se han presentado las necesarias para producir la demostración de los hechos alegados.

En ese sentido, existe el criterio de que los procesos civiles ventilan cuestiones de simple interés privado, reservadas a la iniciativa de las partes. La autoridad del Juez no debe suplir la actuación de las partes y si éstas no han podido o no han querido demostrar los hechos alegados, el Juez debe pronunciarse con el solo mérito de los antecedentes que tenga en su mano. De este modo, las actuaciones que el juez ordene resultarán favorables a uno de los litigantes.

Sin embargo, es ilógico que el Juez carezca del poder indispensable para guiar hacia la verdad cualquier hecho en el que haya percibido la necesidad de una prueba más adecuada. La sentencia debe ser siempre la expresión de la verdad y de la justicia; si la primera no se ha esclarecido en el juicio, fatalmente la sentencia será injusta.

Por ello, cuando el Juez dispone hacer uso de aquellos deberes, buscando algún medio de información para completar su conocimiento sobre los hechos de la causa, basado en una presunción de verdad, es necesario que dentro del proceso exista alguna prueba, que aunque insuficiente, le sirva de guía o fundamento para verificar el punto oscuro.

En consecuencia, podemos decir que una de las más grandes excepciones a la pasividad del Juez se encuentra consagrada en la institución de las medidas para mejor proveer o iniciativa probatoria del juez.

Esta iniciativa probatoria constituye una intervención de oficio del órgano jurisdiccional, prevista por la Ley para los casos en que la prueba rendida por la iniciativa de los litigantes sea, en concepto del Juez, insuficiente o deficiente, en su conjunto, o en relación con un medio de prueba determinado. Por ello, el juez debe disponer las diligencias razonables y necesarias para poner en claro la verdad de los hechos controvertidos, respetando, obviamente, el derecho de defensa de las partes.

Y ese derecho de defensa se respeta en el control de las partes sobre el trámite concreto de esa oficiosa averiguación. Y así:

  • Está proscrito cualquier ingreso sorpresivo de evidencias que quebrante la igualdad de tratamiento o menoscabe la congruencia.
  • Las partes podrán controvertir la pertinencia o relevancia de la prueba.
  • Podrán participar de ella.
  • Podrán producir contraprueba.
  • Podrán discutir acerca de la eficacia de la prueba de oficio antes de la decisión.
  • Podrán ejercer, en su caso, la impugnación de la sentencia.

Autor: Donají M. Arosemena

Defensora de Oficio de la Provincia de Panamá

 
 
 
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