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Derecho Penal 1 de mayo de 2010
La Captura y La Orden de Indagatoria

Es importante recordar que, la orden de captura en nuestro país tiene lugar cuando la persona es investigada y se decretó la recepción de su indagatoria, y ésta no comparece a pesar que ha sido citada en varias ocasiones en su propio domicilio, o cuando se desconoce su paradero; también cuando llegado el momento de resolver el mérito legal de la investigación llevadas a cabo por el Fiscal, el Tribunal no logra ubicarlo en dirección conocida y dispone su notificación por edicto emplazatorio, el que una vez perfeccionado da lugar a que se ordene la suspensión del proceso en su contra y la consecuente orden de captura por rebeldía. También puede darse la emisión de una boleta u oficio de captura cuando el sujeto ha sido condenado por el Tribunal y ha gozado de su libertad ya sea por fianza o por la disposición de alguna medida cautelar distinta a la detención, o cuando no se haya sujeto a medida personal alguna, se dictó sentencia de prisión. El Tribunal solicita a las autoridades DIJ, PN, Migración, su captura y poner a su disposición o a órdenes de la Dirección General de Sistema Penitenciario, según el caso, para que cumpla la prisión impuesta.

También se da la captura en nuestro país, cuando el sujeto ha sido solicitado por autoridades extranjeras en trámite de extradición. Pero en estos casos, el trámite ocurre ante las autoridades administrativas y no judiciales.

En Panamá ocurre como en Colombia, que con mucha frecuencia es dictada una orden de captura contra la persona y una vez comparece ésta ante la autoridad correspondiente que la requiere, se logra resolver la situación jurídica del sujeto, lo que hace innecesaria mantener la medida o decretar la prisión provisional, sin embargo por despiste del funcionario no se emiten los oficios pertinente para dejar sin efecto el oficio de captura o bien sucede que estas órdenes de captura se han transmitido a nivel nacional y puede suceder que el sujeto sea dos y más veces detenido por la Policía Nacional o Por la PTJ y llevado a la autoridad en reiteradas ocasiones por la misma causa que ya se encuentra resuelta.

Definitivamente que esto causa incomodidades lamentables al sujeto que ya ha comparecido a la autoridad y sigue siendo restringido en su libertad ambulatoria poniendo en riesgo muchas veces su trabajo (cuando es capturado por ejemplo un viernes cerrado los tribunales o si es capturado en el ejercicio de éste), su honor cuando lo es frente a un grupo de personas que lo conocen y desconocen el error y en ocasiones sucede que la persona es detenida al momento en que intenta salir del país a un viaje de placer o negocios y se ve obligada a quedarse y ser nuevamente remitida al Tribunal o autoridad perdiendo su viaje y en ocasiones hasta el dinero invertido.

En Panamá, los Tribunales que tienen la competencia de delitos que conllevan penas de prisión de hasta 4 años o penas pecuniarias, por regla general, no disponen la captura del sujeto salvo que se trata de la existencia de una sentencia de prisión y el condenado no haya comparecido a juicio; pero en estos caos salvo excepciones que van a depender de la gravedad del delito investigado o la peligrosidad del sujeto o la situación de peligro que enfrenta la víctima con el sospechoso libre, se dispone es su conducción ante la autoridad competente. Y en estos casos puede suceder también que una vez comparezca el sujeto conducido por la autoridad que lo ubica, no se expiden los oficios dejando si efecto tal conducción lo cual puede ocasionar los mismos malestares para el sujeto que los producidos con las órdenes de captura.

Diferencias entre captura y conducción no hay muchas en la práctica. Cuando la persona es conducida, simplemente la Policía no lo esposa y lo lleva a la autoridad; pero cuando se captura se ejerce todo el poder coercitivo como el uso de las esposas. Las órdenes de captura no son entregadas a los particulares mientras que las conducciones si pueden quedar en poder del particular por ejemplo en los casos administrativos o de procesos de alimentos.

Por ejemplo, en Colombia una vez es el sujeto es puesto a órdenes de la autoridad que dispuso la captura, se debe resolver su situación jurídica y en ese caso proceder a la libertad, o bien a la detención preventiva en el menor tiempo posible para evitar mayores perjuicios a la persona que puede obtener su libertad, existiendo incluso sanciones administrativas y penales por abuso de autoridad, para el funcionario que retarde su pronunciamiento.

En un estudio de la situación en Colombia, se encuentra que en esa región solían darse las órdenes de captura en blanco que eran llenadas por la policía judicial para capturar a las personas que consideraban gravemente indiciadas de la comisión de un delito y las llenaba a su arbitrio cuando querían hacer una captura contra cualquier delincuente.

Sin embargo, se trata de un acto clandestino censurable y sin justificación que ponía en peligro la libertad individual de cualquier persona. De ninguna manera justificable, porque en los casos de flagrancia no se requiere de una orden de captura para detener al sujeto y en los demás casos para que proceda deben existir suficientes indicios de culpabilidad o vinculación con el delito, por lo cual, existiendo éste sería ridículo expedir una orden de captura en blanco.

Como ya hemos dicho, las órdenes de captura nunca se podrán entregar a los particulares, porque son las autoridades las encargadas de hacerlas efectivas de manera directa para cumplir la orden judicial sin necesidad de intermediarios particulares.

CAPTURAS PARA EXTRADICION

En Panamá existen una serie de condiciones previas para la extradición previstas en los tratados internacionales, por ejemplo la prohibición de extraditar a personas investigadas por delito políticos, que no exista prescripción de la pena o de la acción penal, que no se traten de nacionales, y que exista en contra del solicitado una orden de captura o detención en el país que lo requiere, y demás requisitos que existen en los compromisos internacionales o los exigidas por la legislación local, en los casos en que no existan tales convenios bilaterales en materia de extradición. Sin embargo, pueden darse casos en los que se puede llevar a efecto una captura sin que exista solicitud formal de extradición, a petición de un país, cuando existan necesidad urgentes que la justifiquen; pero en tales casos, el país requirente tiene un plazo máximo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición, al cabo del cual si no lo ha hecho se procede a la inmediata liberad del capturado.

En Colombia, al igual que en la mayoría de los países como en Panamá, se prohíbe la extradición de nacionales, y aunque en el caso de Colombia se intentó hacer uso de tratados internacionales para la extradición de colombianos, lo cual fue avalado en varias ocasiones por el gobierno nacional y por la Corte Suprema de Justicia, se superó esta etapa y se mantuvo el principio de reciprocidad con la excepción de que se traten de nacionales. Sobre ese aspecto la doctrina y la jurisprudencia colombiana va sustentando al momento de pronunciarse respecto a solicitudes de extradición formulada por los Estados Unidos que sus nacionales serán juzgados por ellos y no serán extraditados; y finalmente, todas esas contradicciones legislativas, doctrinarias y jurisprudenciales sobre extradición de colombianos, tuvo fin con la Asamblea Constituyente que consagró la nueva Constitución, que prohibió de manera absoluta la extradiciones de colombianos por nacimiento.

ALLANAMIENTO PARA LA CAPTURA

Cuando y solo cuando es sorprendido en flagrancia el delincuente, éste podrá ser perseguido por las autoridades hasta en su propio domicilio o en el ajeno sin necesidad de una orden escrita de allanamiento. No sucede así en el caso que la persecución sea a cargo de un particular.

En estos eventos, por ejemplo, analizando la situación colombiana, el habitante de la residencia en la cual se refugió el delincuente no puede negarse a prestarle colaboración a la justicia, pues puede ser conducido por ello debido a la obstrucción y sospecha de complicidad; en Panamá, sabemos que no debería funcionar de igual manera, sin embargo en una situación de facto se vislumbra el mismo tratamiento respecto al tema de la obstrucción de justicia.

En los demás casos se requerirá orden escrita de la autoridad competente, lo cual no requiere notificación a las partes, pero sí debe serle explicada a la persona que mora en el inmueble quien deberá ser informada para evitar arbitrariedades y perturbaciones.

Cuando se conozca que la persona se ha refugiado en una o nave que conforme al derecho internacional goza de inmunidad diplomática, se deberá pedir la autorización del agente diplomático respectivo a través de las autoridades del MIRE. Aquí nos referimos a los casos donde se persigan a sospechosos por delito comunes que se han refugiado en dichos lugares que se encuentran amparados bajo una ficción de extraterritorialidad.

COMUNICACION DEL CAPTURADO.

En sistemas como el nuestro, una vez la persona es capturada, luego de aparecer como sospechosa de la comisión de un delito, es prácticamente incomunicada por las autoridades de Policía, que tienen su custodia, bajo la excusa que tiene que asegurar las pruebas, evitar que se borren las huellas o rastros del delito o que el indiciado se procure falsas coartadas, entre en componenda con sus cómplices, coacciones a los testigos o los soborne, etc.

Estos actos coercitivos de la libertad constituyen una verdadera afrenta a la dignidad humana, cuando los funcionarios se aprovechan de esta situación para intimidar, ejercer violencia o indebida coacción contra el imputado privándosele incluso de una atención médica necesaria, de alimentación, sin la más mínima comodidad para dormir, para asegurar su higiene personal y consultar su situación jurídica con un abogado o comunicarse con otros reclusos (Aislamiento total, previo a la indagatoria).

Dentro de un sistema acusatorio, hacia el cual camina nuestra legislación penal, se propugna por la abolición de esta medida y, en ese sentido se entiende que el sujeto capturado tiene derecho desde el primer momento a asistirse por un abogado, quien podrá comunicarse libremente con su cliente sin ser oída su conversación por ningún personal custodio.

INDAGATORIA.

La dictación de una orden de indagatoria debe hacerse con toda la prudencia y juicio posible, por tratarse de una diligencia que da el carácter de procesado al acusado o al sospechoso del delito. Esto debe ser así porque una simple indagatoria puede dejar en entredicho la honestidad de la persona ante la sociedad y ante la propia administración de justicia.

En ese sentido, la indagatoria no se dispone contra todo acusado o denunciado, sino contra el que haya sido sorprendido en flagrancia o contra quien existan además de una acusación o denuncia, circunstancias que lo vinculen positivamente al delito investigado, sin que se requiera obviamente de una plena prueba, pero sí de indicios probatorios suficientes para hallar entre el sujeto y el hecho al menos una conexión seria.

Sucede en muchos casos que por ligereza o arbitrariedad el funcionario de instrucción dispone la citación o captura del sujeto para indagarlo y posterior a ello se concluye que no hay relación directa entre la persona y el delito, sin embargo la persona que nada tiene que ver con el hecho, al haber sido indagada deberá aguardar hasta la calificación del mérito legal por el juez de la causa para liberarse de las cadenas del proceso penal y de todo lo que ella trae aparejado, salvo excepciones en las que el propio agente de instrucción reconoce el error y dispone dejar sin efecto la diligencia de indagatoria. Esto ocurre en muy pocos casos.

Importante es que apenas existan pruebas para vincular a una persona en calida de imputado, en que un proceso, se disponga su indagatoria, para garantizar por un lado que la persona no evada el radio de acción de la justicia, ni malogre las pruebas y por otro, para que el sujeto tenga toda la oportunidad en tiempo de defenderse contra los cargos y contradecir las pruebas que lo vinculan.

Más aún, para el autor, si el sujeto conoce de la orden de indagatoria y se presenta voluntariamente, esta sola actitud requiere de un posición mas equilibrada y prudente por parte del fiscal, pues esta sola conducta denota que no se trata de un personas que intenta o tiene interés en evadir la justicia, y los posibles efectos de un proceso penal en su contra.

Sea cual fuere el caso, lo cierto es que la captura de una persona no puede prolongarse por mucho tiempo (en Panamá, 24 horas para que sea puesto a órdenes de la autoridad competente, quien deberá resolver sobre la situación jurídica del sujeto inmediatamente ya seda ordenando su detención preventiva o bien dejándolo en libertad bajo medida o sin ella, según lo exijan las circunstancias procesales y tomando en consideración que la privación de libertad constituye la última medida a imponer cuando se compruebe que todas las otras medidas cautelares personales resulten inapropiadas).

Autor: Donají M. Arosemena.

Defensora de Oficio de la Provincia de Panamá

 
 
 
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